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La globalizacion de nuestra sociedad y de la economia ha supuesto la globalizacion del crimen, y por lo tanto la lucha contra las redes criminales y otras formas graves de delincuencia requiere y exige de los Estados una respuesta penal comun, por lo que es preciso poner en marcha instrumentos y sistemas que sean realmente eficaces. Asi mismo, un fenomeno poliedrico como el crimen organizado impone que se aborde desde una perspectiva multidisciplinar y transversal, pues los aspectos sustantivos y procesales convergen y se proyectan sobre las realidades que se combaten, debiendo ir adecuadamente entrelazados e imbricados, para que produzcan el resultado previsto. En este sentido y teniendo en cuenta que la criminalidad organizada existe y actua, esencialmente, por animo de lucro, es necesario trabajar incidiendo en el principio de que "e;el delito no resulte provechoso"e;, y por lo tanto profundizar en las politicas dirigidas a asfixiar economicamente a las organizaciones criminales mediante la expropiacion de las ganancias proporcionadas por sus actividades delictivas. Las medidas e instrumentos adoptados hasta la fecha han supuestos grandes avances en la direccion correcta, pero hay que reconocer, como hace la Comision Europea, que siguen siendo insuficientes e ineficientes. Por lo tanto, hay que trabajar y profundizar en los marcos juridicos disponibles y en la conformacion de mecanismos y sistemas de cooperacion, coordinacion e intervencion en la recuperacion y gestion de activos derivados del delito. Todo ello exige el diseno y adaptacion de instrumentos e instituciones penales y procesales, que han de operar en el ambito de nuestro proceso penal, respetando los derechos y garantias basicas del mismo. En este marco, son muchos los actores y profesionales implicados en esta labor, y muy numerosas las actuaciones que se requieren para conseguir un sistema garantista y a la vez eficaz. No obstante, en este objetivo y en este trabajo no se pueden perder de vista las gar